Asuntos críticos

 

Violencia, un problema de cultura ciudadana

Venimos de una tradición de prácticas violentas. La historia de Colombia se caracteriza por la antigua creencia de que los conflictos se resuelven por la vía de la fuerza. Allí no solo confluyen  las guerrillas de izquierda, sino también los narcotraficantes, los paramilitares y cualquiera que se va armando para resolver sus intereses egoístas o sus conflictos.

El mensaje de la política de Seguridad Democrática fue precisamente ese: advertir que la solución a los problemas en Colombia debía ser militar, con esto quedó más que instalado en la cultura de nuestra sociedad que la mejor salida es la violencia. De acuerdo con  Pablo Angarita, doctor en Derechos humanos y desarrollo, ese fue el daño de esa política, más que las violaciones a los derechos humanos, más que los falsos positivos.

Desplazamiento y organizaciones criminales

Uno de los problemas que enfrentan las ciudades en materia de seguridad es encontrar la mejor manera de solucionar las consecuencias de la llegada de pobladores rurales que fueron desplazados por la violencia o que buscan nuevas oportunidades en las urbes, pues el campo ya no les resulta una buena opción de sustento y de vida. Este fenómeno, que se viene presentando hace muchos años, ha producido, entre otras cosas, que aspectos del conflicto armado en Colombia se modificaran y que algunos actores armados hicieran presencia en las ciudades buscando ejercer poder en nuevos territorios. Todo ello provocó el surgimiento de nuevas estructuras criminales.

A esto se le suma el desplazamiento intraurbano y el conjunto de ofertas no legales, que en asocio con organizaciones criminales de orden nacional, o incluso de orden internacional, permean varios renglones de la economía ilegal y que no solo están relacionados con el narcotráfico. Temas como la piratería de música, cine y literatura; la pornografía de menores de edad; así como la extorsión, la tortura, el secuestro, la estafa, el hurto mediante engaño, la falsificación de documentos y de medicamentos, y la desaparición forzada, se han convertido en nuevas formas de criminalidad que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Desconfianza en la fuerza pública

Los problemas de corrupción en la Policía y el Ejército afectan la legitimidad de la fuerza pública, una fuerza que debería despertar en los ciudadanos la confianza y la tranquilidad para sentirse respaldados. Pero son recurrentes los episodios donde miembros de estos organismos de seguridad están enrolados con grupos o acciones criminales. Y no solo eso, siendo quienes deberían dar ejemplo ciudadano, también se ven envueltos en acciones de maltrato familiar, abuso de la autoridad y maltrato a animales.

Este asunto tiene relación directa con una solución equivocada que se plantea constantemente en el país para resolver los problemas de seguridad, y es la de aumentar el pie de fuerza en momentos coyunturales. Con la presión de aumentar el número de policías por metro cuadrado, se deja de lado el proceso de formación que deben recibir quienes serán los garantes de la seguridad de la ciudadanía, teniendo como resultado algunos jóvenes mal formados en valores democráticos y en la ética sobre su ejercicio, que son quienes terminan deslegitimando la función de estas instituciones.

Movilidad en las ciudades

Las víctimas por accidentes de tránsito en Colombia triplican las víctimas del conflicto armado, de las 6.000 muertes que se están produciendo por esta causa, la mayoría son por exceso de velocidad, por vehículos en mal estado, por impericia, por la distracción de los conductores que hablan por celular. Una minoría de los victimarios son los borrachos, sin embargo son los que  más se registran en los medios de comunicación. Este es un problema de seguridad contra la vida, relacionado con el desbordamiento del parque automotor en las grandes ciudades y con en el diseño de políticas públicas equivocadas que no combaten el problema de manera estructural.

Proceso de paz y reconciliación

Si los diálogos de paz prosperan, ¿qué seguirá en materia de políticas públicas para garantizar que estos actores no sigan delinquiendo y se reintegren a la sociedad civil? Para muchos de ellos el único oficio ha sido la guerra. Una parte fundamental en este punto es que existe en el país una percepción generalizada de que la violencia es la mejor solución al conflicto, por lo que se rechaza el hecho de perdonar las acciones de los miembros de las Farc y de aceptar a estas personas como parte de la sociedad.

Propuestas de la academia

 

Políticas públicas

Lo primero que debería hacerse es organizar una política pública centrada en el tema de la seguridad urbana. Con un enfoque de seguridad humana, que contemple los múltiples factores que inciden en la seguridad de cada individuo, como el medio ambiente, la educación, la salud. Y que contemple también la seguridad de colectivos comunitarios considerando sus diferencias y formas de actuar en sociedad.

El nuevo presidente también deberá tener en cuenta la seguridad política, que significa cómo garantizar la seguridad de un ciudadano que tiene ideas religiosas, culturales o políticas determinadas o que por el trabajo que realiza es perseguido o amenazado.

Esta política debe tener varias características, la primera es que debe ser de orden nacional, pero debe ser flexible y considerar las particularidades de cada región, no puede ser la misma para todos. Debe fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, pues éstos son muy débiles en su pie de fuerza y en su capacidad de decidir políticamente, lo que los hace vulnerables a manipulaciones de otros actores.

Otro elemento que se debe considerar es la participación ciudadana, pero entendida como el aporte que puede hacer el ciudadano desde su experiencia en los barrios, como persona que padece de cerca los problemas de inseguridad. Esta cercanía le permite un conocimiento del problema que resulta de gran utilidad para el diseño de nuevas políticas públicas y que potencia su papel en la sociedad, trascendiendo el asunto operativo de la colaboración ciudadana solo a través de las recompensas.

Desde una nueva política pública es importante diferenciar entre problemas de convivencia, de los problemas de inseguridad y de los problemas de orden público, esta diferencia supondría soluciones según la clasificación.

En síntesis, basta con cumplir lo que dice la Constitución para ser coherentes, lo importante de esta propuesta es que no se quede en el papel, pues debe haber apropiación no solo de los funcionarios públicos, sino también de la sociedad, para que funcione como un plan de convivencia nacional.

Intervenir la fuerza pública

Es imposible resolver los problemas de seguridad en Colombia mientras se tenga una fuerza pública con tantos niveles de corrupción, y por ello se tiene que intervenir la corrupción en los cuerpos de seguridad, implementando procesos de veeduría y seguimiento al interior de estas organizaciones, que son parte clave de la generación de violencia.

Parte de esa intervención podría contemplar un diagnóstico del pan educativo que reciben los policías en Colombia, revisar los programas, su contenido, orientación y los tiempos de educación. Con el fin de construir mejores procesos de formación que incluyan valores democráticos, ética y temas de cultura ciudadana que impacten positivamente en la confianza y legitimidad que perciben los ciudadanos de la fuerza pública.

Alternativas para los jóvenes

El tema de las juventudes es otro desafío, el gobierno debe garantizar que los jóvenes puedan tener más opciones culturales, de educación media y superior, y de empleo para construir su futuro. Un plan de seguridad para las ciudades necesariamente debe fortalecer el acompañamiento a los jóvenes, trabajar de la mano con políticas sociales, económicas, de salud y de empleo digno.

El reto es tratar de frenar que los jóvenes se unan a grupos ilegales ¿Cómo hacer a los jóvenes una mejor oferta que la que estos grupos le están haciendo?

Pero el problema es que hay un modelo ilegal de fácil acceso, de recursos generosos contra un sistema económico legal que está agotado, que tiene muchas limitaciones por coyunturas económicas, donde el empleo y las oportunidades no crecen. Hay que buscarle remedio a esto, no es solo en Colombia, este es un problema de las grandes urbes en América Latina, qué hacemos con los jóvenes y qué hacemos con una ilegalidad cada vez más creciente.

Evitar la impunidad

Intervenir el tema de justicia con el diseño de mecanismos judiciales claros, para tener un código penal persuasivo, donde quien desee cometer un delito se pregunte qué implicaciones va a tener esto en su vida. No como sucede en la actualidad, que se incrementa el hacinamiento en las cárceles o que los jueces deben liberar a delincuentes porque la ley no está escrita para impedir que regresen a las calles.

En esta nueva política, el gobierno debe definir si quiere seguir gastando mucho dinero en prevención disuasiva, para continuar llenado las cárceles de gente, o si quiere invertir en prevención persuasiva, menos invasiva y menos inútil, que impacte como medida concluyente y mejore los índices de seguridad en las ciudades.