A pesar del hundimiento del último intento de reforma a la justicia, en el 2012, este tema sigue en la agenda pública del país. A finales del 2013 el actual gobierno manifestó la necesidad de un nuevo proyecto de reforma e incluso la Corte Suprema de Justicia se mostró interesada en ser partícipe de su discusión.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, la academia señala este punto como urgente y fundamental para el plan de gobierno de quien sea elegido presidente. Asuntos como el clientelismo, los favores mutuos en el sistema de elección de los altos mandatarios, que provocan una pérdida de la independencia de la justicia en Colombia, serán, a juicio de la academia, algunos de los puntos que deberá abordar un nuevo proyecto de reforma.

El asunto de fondo responde a que la justicia colombiana arrastra problemas estructurales; concretamente la justicia penal, que al pretender resolver todos los problemas sociales se vuelve inoperante, lo que ha sido causa de un acceso insuficiente a la justicia y de una ineficacia evidente.

La academia apunta que es importante fijar la atención sobre este tema en razón de la deslegitimación de la administración de justicia y de la percepción de que los procesos investigados obedecen más a criterios selectivos, a criterios de oportunidad, que a una política permanente.

Las cifras presentadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, en el segundo semestre de 2013, demostraron que el hacinamiento en las cárceles colombianas, con un porcentaje del 57,8 por ciento, sigue siendo un problema álgido. Hay una sobrepoblación de 43.966 reclusos, asunto que la ley 1709 de 2014 –por la cual se realizan algunas reformas al Sistema Penitenciario y Carcelario– espera contrarrestar, mientras que sus opositores creen que los fondos para financiar los cambios propuestos por la ley son insuficientes.

La academia apunta que desde 1993, año en el que se promulgó el Código Penitenciario y Carcelario, la Corte Constitucional ha manifestado que hay un estado de cosas inconstitucionales allí, cuyo resultado explica las condiciones de hacinamiento, violencia y violación de derechos humanos dentro de las cárceles.

Para Julio González, experto en Derecho Penal y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, la política diseñada por el actual gobierno, apoyada en la ampliación de cupos, es una medida errada porque, necesariamente, crear más cárceles significa ocuparlas. Adicionalmente, considera que es una política que no permite realmente la recuperación de la libertad de muchos que se encuentran reclusos, como lo han difundidos los grandes medios de comunicación.

Todo lo mencionado se enmarca en un concepto que le preocupa a la academia. El populismo punitivo se ha encargado de convertir a la justicia penal en la respuesta a las problemáticas más importantes del país. La cifra de 38 reformas al Código Penal (Ley 599 de 2000), en menos de 13 años, es una muestra del afán por implementar soluciones punitivas a asuntos que requieren una transformación de fondo y, en suma, es esta una de las principales causas del hacinamiento en los centros penitenciarios.

La academia señala la reforma a la administración de justicia y la atención al sistema penitenciario y carcelario como los asuntos más urgentes a tratar en materia de justicia por quien sea elegido o elegida presidente en el periodo entre 2014 y 2018.

Julio González, especialista en Instituciones Jurídico-Penales, conjuga estos temas y llama la atención sobre la actitud, al menos más consecuente con las soluciones esperadas, que deberá asumir el próximo gobierno.

Para la academia, entonces, es claro que la administración de justicia en Colombia está en crisis y requiere una reforma profunda y de largo alcance. La propuesta es que esta abarque la composición de los órganos de decisión en la rama judicial al igual que los mecanismos de selección de los integrantes de dicha rama.

Por otro lado, también apunta que será necesario plantearse, seriamente, la necesidad de reformar las expansivas leyes penales colombianas para evitar el colapso en el funcionamiento del sistema penal. La reflexión aquí supera el afamado asunto del hacinamiento en las cárceles y los problemas que desencadena, se trata de pensar, como Estado, qué es lo que se considera delito.

A la justicia le corresponde una pequeña porción en la búsqueda de las soluciones estructurales. La academia propone una revisión conjunta, entre las tres ramas del poder, de posibles mecanismos que vigilen que no sucedan algunos hechos a los cuales, con algo de voluntad política, legislativa y judicial, se les pueda encontrar una solución por fuera del código penal. Así pues, los asuntos de discriminación de raza, género, creencia religiosa u orientación sexual, aunque aparezcan en las agendas mediáticas como temas que preocupan a la sociedad, deberán pasar por un análisis en el que el Estado evalúe su responsabilidad antes de agravar o crear penas.

En concreto, se necesita una investigación que se pregunte el porqué de las problemáticas antes de acudir al derecho penal. Se requiere una política pública que diagnostique las razones, por ejemplo, por las cuales un individuo decide atacar con ácido a alguien, para así resolver cuáles son las carencias de la sociedad colombiana que motivan este tipo de acciones.

Cobra importancia, de esta manera, que los planes de gobierno no usen la estrategia del populismo punitivo, sino que en sus programas incluyan propuestas sostenibles para resolver las grandes problemáticas en temas como la salud, la educación o las condiciones del campo. Se necesita consciencia, por parte de los mandatarios, de que este tipo de programas requieren un largo plazo y una planeación que no se puede resolver con prontitud para satisfacer cifras y estadísticas.

En los últimos años parece más fácil usar la creación de leyes penales como estrategia para mostrar resultados a la opinión pública de una gestión administrativa que crear programas para atacar las dificultades de la sociedad colombiana. La pregunta, que a juicio de la academia, debe hacerse el próximo gobierno, es qué tanto se aporta a la salida real de los problemas con medidas que responden a la coyuntura y no a las transformaciones profundas necesarias en el país.

Acceso a la justicia, el problema más grave en Colombia

Álvaro Londoño Restrepo es abogado y egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Londoño, quien se ha desempeñado como conjuez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia y ha sido docente de posgrado de la Alma Mater, habla de la pertinencia o no de una reforma a la justicia en el país.